Tras el acuerdo ‘in extremis’ que alcanzaron el gobierno y el principal partido de la oposición el pasado 24 de junio, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha salido en defensa de sus intereses, y ha presentado un recurso por la vía contencioso – administrativa ante el Tribunal Supremo.
La principal reivindicación como argumenta el propio Galán es:
Evitar que la suspensión de la revisión al alza de la tarifa genere mayor déficit de tarifa.
Iberdrola es una de las cinco grandes compañías eléctricas nacionales que integran la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), que por su parte está estudiando si ‘apoya’ la decisión de Iberdrola presentando un recurso en paralelo, o se mantiene al margen.
Con el acuerdo entre gobierno y Partido Popular, se incumplió una de las disposiciones adicionales, en concreto la vigésimo primera, de la Ley Estatal del Sector Eléctrico, en la que se reza que en caso de incurrirse en déficit tarifario, la Administración del Estado deberá compensarlo a las compañías productoras.
El señor Galán está su pleno derecho de recurrir el ‘acuerdo político’ puesto que este dinamita los intereses de la empresa a la que representa. Lo que me sorprende es que este recurso legal no surja de la propia UNESA de manera coordinada, esto me lleva a pensar que los tentáculos de la política alcanzan también a las decisiones que allí se forman.
En cualquier caso, dada la situación de ‘crisis’ que atraviesa el sector, es necesario que tanto los representantes políticos como los directivos de las eléctricas se reúnan para ajustar las tarifas a la realidad económica del sector, y dilucidar de una vez por todas, si los usuarios estamos justamente obligados a sostener los déficit de tarifa de aquéllos negocios menos rentables desde el punto de vista financiero, como el carbón y la energía eólica.
Vía | El Mundo
En El Blog Salmón | Acuerdo in extremis para que no suba la electricidad
Imagen | jcerletti
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