El tema de esta semana no puede ser otro que la amnistía fiscal que ha aprobado el Gobierno para los presupuestos de 2012. Como hemos explicado por aquí existe un gran riesgo moral, ya que los contribuyentes que no defraudan ven como se les queda cara de tontos, ya que los que sí han defraudado pueden volver a la legalidad pagando mucho menos de lo que les correspondería.
Realmente es bastante difícil encontrar alguna opinión que esté a favor de esta amnistía fiscal. El riesgo moral que introduce es un factor determinante para la oposición a la que se enfrenta la medida.
La única opinión a favor que he encontrado de esta medida la he leído precisamente en un blog de la casa, Pymes y Autónomos. Ahí se apunta a que una repatriación de rentas podría dar lugar a una mayor liquidez en la economía española, lo cual repercutiría positivamente en las Pymes.
Yo tengo mis dudas. Primero, porque la medida puede que no sea suficientemente atractiva para atraer capitales o aflorar dinero negro. Por un lado repatriar dinero que esté en el extranjero puede verse como un riesgo, a pesar de los incentivos. Y el que tenga dinero negro dentro de España lleva años manejándolo como para blanquearlo por un 10%. En el caso que funcionara la medida, no creo que sirviera para dar más liquidez a la economía, lo único que lograría es recaudar más impuestos (y ese es el objetivo de esta medida, no dar liquidez).
En los próximos meses veremos si la medida es efectiva o no. La medida tiene vigor hasta noviembre de este año, y a partir del próximo año defraudar a Hacienda saldrá más caro. Pero sin más inspectores tampoco es creíble este endurecimiento, la verdad.
Para empezar, el marco legal de la huelga en España da pena. Es un marco preconstitucional y predemodocrático, el Real Decreto-Ley de Relaciones de Trabajo 17/1977 de 4 de marzo. En él, los sindicatos y la izquierda parecen estar cómodos, y no parece molestarles su label democrático-orgánico. Luego podremos entender las razones de tal comodidad. Veamos su artículo 11, que define las huelgas ilegales.
La huelga es ilegal:
Cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.
Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de los trabajadores afectados.
Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un convenio colectivo o lo establecido por laudo.
Cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Decreto-ley, o lo expresamente pactado en convenio colectivo para la solución de conflictos.
En una primera aproximación, nuestra legislación señala las huelgas políticas como huelgas ilegales. Es posible que sorprenda a más de uno, habida cuenta de las huelgas generales que hemos vivido en este país, y que, en puridad, resulta imposible calificar como otra que huelgas políticas (por no hablar de huelgas generales en determinados territorios inspiradas por movimientos nacionalistas). ¿Tiene por tanto razón Aguirre? Pues si pero no.
El Tribunal Constitucional, en el año 81, valida la constitucionalidad de este Real decreto, y la posterior jurisprudencia constitucional al respecto ha ido determinando lo que se entiende por huelga política y por tanto ilegal. De este modo ha considerado legales las huelgas generales del 85, 88 y 94, de hecho las únicas que han pasado por su filtro. Para ello ha determinado que no son huelgas políticas puras aquellas que van contra las medidas laborales adoptadas por el Gobierno, al afectar interés profesional de los trabajadores convocados. Es lo que no cuenta Esperanza.
¿Conclusión? Ninguna huelga general va a ser considerada política si se lo saben montar bien, ergo, la huelga general es legal.
Digamos que el TC, como ha hecho con buena parte de la normativa comentada, reinterpreta la realidad social y el texto normativo a su gusto. Al gusto de los movimientos sindicales que, como ya comentábamos, no quieren oír hablar de una Ley de Huelga elaborada por un parlamento democrático, lo que no deja de ser muy triste.
Y es que, dejando de lado temas como el de los piquetes, los servicios mínimos, y otros tantos que debieran tener un reflejo normativo actualizado, la legalidad de las huelgas generales no deja de ser otra cosa que un pulso al principio democrático, a la soberanía popular encarnada en el Parlamento. Tanto rollo con los mercados, los alemanes, y el sunsuncorda, y al final resulta que los mismos que se quejan apuestan por vías tan democráticas como la huelga general para dictar la agenda política en un Estado democrático y de Derecho.
Hay que ver. Yo que decía que la soberanía era un concepto sobrevalorado y éstos mismos me apedreaban por ello, los mismos a los que siempre les ha importado un pimiento dicha soberanía, si no podían utilizarla para expropiar a la gente su patrimonio u obligarlas a pensar de una determinada manera.
No sé si serán conscientes de que este abuso del derecho de huelga, unido a otros tantos, lo que acaba produciendo es una erosión de esta herramienta. Cosa de la que me alegro. En el pecado va la penitencia.
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